El trato que no nos merecemos

Mahfud Mohamed Lahsen

Históricamente, el pueblo saharaui ha sido y es víctima en primera instancia de un salvaje y horrrendo colonialismo en sus formas más aberrantes y crueles como lo han sufrido la mayoría de los pueblos africanos en su tiempo.
Con el abandono de las autoridades españolas de sus responsabilidades politico-administrativas sobre el indefenso pueblo saharaui y la entrada al territorio de la invasión marroquí-mauritana, la población saharaui huye despavorida en busca de protección a raíz de las atrocidades cometidas por los nuevos ocupantes, de este modo, se organiza la resistencia bajo el brazo del ya fundado Frente POLISARIO, proclamando así la República Árabe Saharaui Democrática en 27 de febrero de 1976, reivindicación fruto de las aspiraciones genuinas de un pueblo que siempre ha anhelado vivir en libertad, buena vecindad, controlar su territorio y soberanía, así como, rehusar todas las formas de colonialismo.
Aterrizados en el exhilio en la hospitalaria Argelia, se enmarcaron en crear las primeras instituciones estatales que servirán como sustento principal político-administrativo de la emergente república, las cuales, tiene como finalidad salvaguardar los derechos y garantías jurídicas de todos los ciudadanos y por ende, la mejora de la calidad de vida y bienestrar de la población refugiada.
En la actualidad y debido a la perpetuación del estatus quo de la situación política, el funcionamiento de dichas instituciones se ha visto mermado producto a la prolongada política de permisividad por parte de las autoridades, la personificación y perpetuación en el poder, el silencio complice del pueblo, el tribalismo, el enchufismo, la corrupción, falta de regeneración democrática, transparencia, así como, ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento y control de las instituciones públicas…etc.
El mal funcionamiento o falta de instancias reales encargadas de inspeccionar y velar por el cumplimiento del deber y servicio por parte de los funcionarios públicos, así como, las carencias de mecanismos jurídicos que regulen, sancionen y penalizan a los responsables de conductas perversas, hace que ciertos funcionarios publicos cotidianamente transpasen la línea que limita lo público de lo privado, sin ser objetos de sanciones disciplinarias.
Con la instauración de estas flagrantes formas en las instituciones, así como en el imaginario social, se ha logrado que en dichas entidades reine la “anarquía administrativa”, lo cual, ha puesto en riesgo la credibilidad y funcionamiento de éstas, ya sean a nivel local o en el extranjero generando un enfado gradual a una población que ya sufre las duras condiciones del exilio y la dispersión.
Una de estas instituciones que no escapa de las polémicas son las representaciones sahrauis en el exterior, especialmente las ubicadas en España, las cuales, se crearon con la finalidad promover y acercar la causa sahrauis al tejido social y político a nivel de cada comunidad y servir de interlocutor oficial y válida antes las instancias públicas españolas para la facilitación, gestión y emisión de documentación acreditativa para la diáspora saharaui.
El jueves pasado por la mañana establecí contacto con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Vitoria Gasteiz para preguntar por el cómo y donde solicitar una documentación que me exigen las autoridades competentes para la regularización de mi estancia, he sido recibido por un administrativo de dicha asociación que me atendió con la mejor de las formas y me encomendó contactar con el equipo de trabajo saharaui encargada de la gestión y emisión de dicha documentación.
Al establecer el contacto telefónico con el personal pertinente ( sahrauí ), experimenté la diferencia de trato respecto al individuo que me había encomendado anteriormente a él, percebí a un ser con síntomas de cansancio o falta de empatía con la labor que estaba desarrollando, pero no quise ser pre ni postjuicioso dejando que la conversación fluyera de manera natural para poner en relieve mi situación relativa a la documentación que me solicitan y sobre todo, el corto plazo de tiempo para su presentación, a lo cual, me requirió tramitar dicha certificación en los ministerios correspondientes, es decir, en el lugar de origen ( Campamentos de refugiados) y tras la obtencion y su posterior presentación ante ellos, emprenderian las acciones correspondientes para la gestión y emisión de los mismos.
Ante semejante discurso de dejadez de responsabilidades, carente de sentido, empatía y de identificación quedé atónito. Le pregunté:
¿ Cómo puedo yo gestionar una documentación en los Campamentos estando aquí en el País Vasco?
A lo qué exclamó “!Nosotros no somos los responsables de lo que os concierne a ustedes!”
¡ Entonces! ¿si no sois vosotros a quién le compete?. Ha sido mi respuesta con un tono molesto, ya que no deba crédito, sus palabras me resultaba una ofensa a la inteligencia humana.
Su respuesta inmedita ha sido colgarme la llamada, gracias a mi ingenuidad le devolví la llamada en varias ocasiones asumiendo que pudo ser una incidencia de carácter accidental y su vaga actitud fue descolgarme el teléfono en varias ocasiones seguidas hasta el cansancio.
Ante este escenario cabe preguntarse ¿ Con qué conciencia moral, civismo o autoridad política puede usted tratar tan degradantemente a una diáspora que en sí misma ya es víctima de tanta burocracia y a un pueblo que sufre la falta de reconocimiento y de existencia por parte de toda autoridad a dónde nos dirigimos?
¿Qué leyes u organismos son los encargados de registrar, controlar, perseguir, sancionar y depurar responsabilidades de semejantes conductas para evitar que el personismo reine en las labores públicas?
¿Qué futuro depara a nuestras instituciones y a nosotros mismos como sociedad si sigue reinando este dejadez, falta de control y de coordinación entre organismos?
Para ello, es urgente y necesaria la creación de un plan nacional para la reactivación de las instituciones públicas, con el fin de acercarlas más al ciudadano, así como, la puesta en marcha de mecanismos reales de seguimiento, control y coordinación entre los diferentes ministerios para así mejorar paulatinamente las labores y funciones teniendo en cuenta el contexto local y las necesidades de los ciudadanos.
Fomentar el relevo generacional y la regeneración democrática en todos los ámbitos de las esfera pública, potenciar la feminización de las labores públicas que históricamente han sido varonizadas mediante decreto de ley o cuotas de género para lograr una participación equitativa y real de la mujer en todas las esferas publicas.
Impulsar la descentralización institucional, conferir mayor facultad, independencia al poder judicial y su necesaria separación de los dominios políticos, alentar y promover la competitividad y transparencia en la selección del funcionarido, establecer protocolos veraces y tangibles de transparencia en la administración, crear canales de comunicación fluidos entre las diferentes entidades estatales para responder las exigencias y necesidades que imperan hoy en día en la gestión y emisión de documentos en un mundo tan globalizado.
Como ciudadano comprometido con su causa, considro que mi deber es no permitir, ni apremiar semejantes conductas que vallan en contra de lo ético y estético, y como persona perjudicada asumo que vuestra dejadez y falta de coordinación entre instituciones la pagamos a costos elevados nosotros los ciudadanos que supuestamente ustedes “nos representan”.